Estrategias de Intervención

La ONDS recoge la experiencia y los logros del Gobierno Nacional para la gestión de conflictos sociales. Se han evaluado así tanto los avances realizados por la oficina antecesora, como los aportes de diferentes sectores del Poder Ejecutivo para diseñar sus estrategias de intervención.

 La ONDS recoge particularmente las recomendaciones formuladas por la Comisión Multisectorial, creada por Resolución Suprema Nº189-2012-PCM, sobre los ejes estratégicos de la Gestión Ambiental. Dichas recomendaciones buscan propuestas para armonizar la convivencia de industrias extractivas con los ciudadanos y el medioambiente. En ese sentido, la comisión plantea el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental a través de la creación, por ejemplo, del Sistema Nacional de Impacto Ambiental (SEIA). Esta y otras herramientas son un aporte fundamental para el cambio impulsado por el Poder Ejecutivo en el manejo de los impactos de las industrias extractivas.

En lo referente al mandato de la ONDS, el informe de esta Comisión resalta como un objetivo de Estado la necesidad que desde éste se garantice el diálogo y la concertación preventivos para construir una cultura de paz. La ONDS asume por lo tanto el desafío, desde el Poder Ejecutivo,  de instaurar el diálogo como la vía privilegiada para prevenir y solucionar diferencias, controversias y conflictos.

En base a la experiencia acumulada, la ONDS prioriza el diseño y aplicación de estrategias que se adelanten al conflicto, y eviten el surgimiento o agravamiento de aquellos que actualmente se radicalizan. Todas estas estrategias tienen como eje transversal el diálogo, el cual es la piedra angular de la política del gobierno en la materia.

Diseño de propuestas de política: En esta línea, se ha priorizado el diseño de propuestas de política, basadas en la experiencia de estos años en el manejo de conflictos, los cuales plantean a la PCM la necesidad impostergable de ir más allá de la gestión y negociación caso por caso de los mismos. Esto supone buscar soluciones globales que no sólo eviten el desarrollo del conflicto, sino que reduzcan incluso la posibilidad de su desencadenamiento.

Es sabido que, enfrentar los factores estructurales demanda un conjunto de reformas económicas y políticas, cuyos resultados pueden madurar en el mediano y largo plazo; sin embargo, se pueden acometer cambios en el corto y mediano plazo en el plano institucional y en el de las percepciones y prácticas colectivas, que contribuyan a reducir, e incluso, a evitar el surgimiento de los conflictos.

Por ello, la Oficina plantea:

1. Nuevas políticas de relación empresas – comunidades

Una condición para la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible e incluyente del país, es  crear un clima adecuado para las inversiones, garantizando la protección de los derechos ciudadanos. En la medida que el Estado ejerza una efectiva cautela de tales derechos, la tensión social disminuirá y se crearán condiciones para una mayor estabilidad política, indispensable para atraer y asegurar las mencionadas inversiones.

Precisamente, parte de nuestro trabajo se focaliza en torno a los conflictos relacionados con la presencia de empresas, especialmente de industrias extractivas en zonas andinas y amazónicas, en donde la pobreza, la exclusión y la persistencia de grandes brechas sociales son altas.

El desarrollo de proyectos extractivos desencadena una serie de pugnas en torno al uso y preservación de los recursos naturales por parte de la población y de otros grupos de interés. Varios de estos conflictos se desatan o agravan por políticas y prácticas empresariales que, orientadas de otra manera, reducirían esa posibilidad.

Una visión integral en torno a estos conflictos, pone en agenda la revisión total o parcial de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y de Relaciones Comunitarias (RRCC) de las empresas, a fin de sugerir cambios e innovaciones que mejoren su desempeño, generando acuerdos y consensos con la población del entorno y establecer así nuevas relaciones estratégicas. Esta es una línea de trabajo desde la ONDS, a fin de aportar al desarrollo de mejores prácticas empresariales.

Se promueve también un involucramiento más activo de las empresas extractivas en el desarrollo local de sus entornos, con una perspectiva de sostenibilidad que facilite la creación de dinámicas económicas y sociales capaces de capitalizar y mejorar los ingresos de las poblaciones, afirmando la institucionalidad democrática local, más allá del tiempo que permanezcan en la zona..

2. Nuevas políticas de relación Estado-empresas

El fortalecimiento de las capacidades del Estado para desarrollar intervenciones que reduzcan o controlen eficazmente la conflictividad, es necesario para consolidar su imagen como instancia capaz de arbitrar y procesar los conflictos. Resulta conveniente entonces tomar diversas medidas, una de las cuales está relacionada con los vínculos existentes entre el Estado y las empresas.

Un punto clave es la fiscalización oportuna del cumplimiento de las normas por parte de las empresas. La legislación estipula importantes mecanismos de supervisión y control de las industrias extractivas desde distintas oficinas públicas.

El estricto acatamiento de las actividades normadas por ley y el conocimiento público de las labores fiscalizadoras del Estado, contribuirán a reducir o controlar factores susceptibles de desencadenar conflictos. La ONDS trabaja en la promoción de estas labores por parte de las entidades públicas responsables, alcanzando propuestas y sugerencias para lograrlo. Una supervisión y control eficaz y transparente de las empresas contribuye a reforzar un clima de estabilidad para la inversión, y reduce fuentes potenciales de conflictividad.

3. Nuevas políticas de relación Estado-sociedad

En el pasado, muchos de los conflictos se desencadenaban debido a la manera en que los poderes del Estado y los distintos  niveles de gobierno legislaban y aplicaban las normas.

Estas prácticas tradicionales cambian en una democracia cuando se crean consensos mínimos entre la ciudadanía, lo que es necesario reforzar, evitando cualquier medida susceptible de crear alguna controversia o conflicto. La administración pública en sus distintos niveles debe actuar siempre considerando el entramado social y político en el que se aplican sus decisiones.

Por ello, es necesario trabajar en el diseño de propuestas e instrumentos que contribuyan a que las autoridades, legisladores y funcionarios públicos puedan evaluar los impactos sociales de sus decisiones, particularmente su incidencia sobre la conflictividad.

Es necesario reforzar la capacidad del Estado para actuar siempre con responsabilidad social, lo que demanda prever con anticipación eventuales situaciones conflictivas. Por esta razón, desde la  ONDS se diseñan y alcanzan propuestas que contribuyen a promover las buenas prácticas de gobierno y de gestión pública a nivel de los sectores.

La propuesta apunta igualmente a fortalecer capacidades en los Gobiernos Regionales y Locales para la prevención de conflictos, diseñando instrumentos y propuestas sencillas y adaptables a sus condiciones, que permitan introducir prácticas de buen gobierno, concertar voluntades y construir consensos en torno a temas sensibles.

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